En el auditorio Salvador Allende de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) se llevó a cabo el X Seminario de Resistencia Territorial: “La contradicción entre extractivismo y desarrollo”, organizado por la Escuela de Geografía, el Instituto de Humanidades y el Núcleo de Investigación y Docencia en Ambiente y Sociedad (NIDAS).
La jornada fue inaugurada por el profesor Rajiv Mahev, del CEDEUS Universidad Católica, quien se refirió a los conflictos socio-ambientales que se están generando debido a los megaproyectos que se están levantando a nivel mundial.
El docente hizo hincapié en que los conglomerados económicos, entre sus políticas, buscan el diálogo con las comunidades intervenidas para llegar a acuerdos beneficiosos entre ambas partes. Sin embargo, apunta a que esta relación en la mayoría de los casos es simplemente para evitar que sus proyectos se entrampen.
“El no tener conflictos con la comunidad es para obtener lo que llaman ‘licencia social’, que no es tangible y sólo se sabe que se tiene cuando la llegan a perder. Pero regularmente sólo hacen cosas correctas con las comunidades por intereses monetarios”, comentó Mahev sobre estas estrategias.
El académico sostiene que, si bien los estados tienen el deber de proteger los derechos humanos de las comunidades, en la mayoría de los casos terminan siendo “socios” de la empresa privada. Por eso, el experto califica al Estado chileno de ausente, pero presente cuando la situación afecta sus intereses.
En relación a las comunidades indígenas, sostuvo que “Chile ratificó el convenio 169 de OIT, que determina que los pueblos indígenas tienen participación (en las decisiones respecto de intervenciones en los territorios que ocupan). Pero ojo, que este acuerdo no les da derecho a veto”, apuntó.
La estrategia del tejido social
La estrategia de los privados está basada en hacer propio el debate sobre los derechos humanos. Y, bajo el subterfugio de la participación de la comunidad, logran que proyectos generen una menor resistencia.
“Buscan domesticar y silenciar. La táctica de la participación es para hacer más dócil la resistencia. El tejido social es lo que hace dividir a las comunidades, ayudan a atomizar y agudizar los conflictos”, expresó, apuntando a casos como Pascua Lama y Caimanes, relacionados con la minería.
De todas maneras, Mahev cree que a pesar que una comunidad sea disgregada, un grupo minoritario puede lograr paralizar megaproyectos que afecten a la comunidad a través de las leyes. ”Las normas generales de participación ciudadana del MOP son fuertes, está lo necesario. El problema está en la implementación… Las minorías, a través de las vías judiciales pueden detener las obras. El caso chileno no es para ser tan pesimista”, finalizó.